Así lo establece el
artículo 36 del texto publicado hace una semana en la web, que dice: “El
poder popular organizado a través de las comunas y los consejos
comunales y cualquier otra forma de organización social, podrá solicitar
ante los órganos competentes de defensa y seguridad ciudadana, la suspensión de la licencia del porte de arma de aquella persona que realice conductas que amenacen la paz y la seguridad de la colectividad.”
El
abogado criminalista Fermín Mármol García señaló que medidas como esas
solo buscan perjudicar a las 30.000 personas que actualmente portan
armas de fuego legalmente permisadas. “De esas personas se saben quiénes
son y qué tipo de arma tienen, porque son legales, pero por ninguna
parte se ve que hablen de cómo sacarán de circulación las 12 millones de armas ilegales que hay en el país y, para ser una ley que tiene dos años consultándose y elaborándose, es muy poco ambiciosa”.
El
texto propone, además, que la duración de las licencias para portar
armas de fuego sea de dos años y no de tres como lo contempla la
legislación vigente. Quien tenga un porte a punto de vencerse deberá comenzar a gestionar su renovación 60 días antes
de que expire el permiso vigente, de lo contrario serán sancionados con
el pago de 80 unidades tributarias, tal como lo establecen los
artículos 18 y 46 del proyecto.
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